A pesar de las presiones de entidades como el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), que conduce el periodista Horacio Verbitsky, la Comisión Provincial por la Memoria, la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense, que exigieron a los legisladores bonaerenses “se abstuvieran de acusar”, la Comisión bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires decidió finalmente ayer, por dictamen en mayoría, acusar por mal desempeño de sus funciones al juez de garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.
Un grupo de vecinos de San Isidro e integrantes de la Asociación Madres del Dolor viajó expresamente a La Plata para conocer la resolución de esta comisión.
En la resolución de la Comisión bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, que preside el diputado Angel Gabriel Villegas (PJ), hubo dos dictámenes en minoría. Uno del diputado Horacio Desimone, que pidió la inclusión de más causas en el juicio a Sal Lari, y otro de la legisladora Liliana Piani, que lisa y llanamente decidió no acusar por ningún hecho al cuestionado magistrado, en lo que, obviamente, se trató de un acatamiento absoluto a lo reclamado por el CELS, lo que demuestra el creciente poder que viene tomando en los últimos tiempos el periodista Verbitsky.
En tal sentido, el CELS y otras entidades expresaron a través de una carta enviada a los legisladores integrantes de la bicameral del juicio político “la preocupación por el avance del trámite de enjuiciamiento con el juez de garantías Rafael Sal Lari”.
En la misiva las entidades firmantes sostienen que “en el caso del procedimiento seguido contra el Dr. Sal Lari observamos con preocupación que, por un lado, el procedimiento haya avanzado a pesar de que el tenor de las denuncias evidencian que se ha querido cuestionar la aplicación de los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos por parte del magistrado y no así el desempeño o aptitud del magistrado para ejercer el cargo. Por otro lado esta situación resulta más grave, en tanto se advierten serias irregularidades en el trámite del procedimiento que debilitan aún más la vigencia de los principios constitucionales en materia de independencia judicial y afectan seriamente la separación de poderes en el Estado provincial”.
“Cuando se trata de acusar a un juez por sus decisiones, lo único que puede justificar un procedimiento de remoción es un error judicial inexcusable, que comprometa la idoneidad del juez para ejercer su función y siempre que la gravedad de la conducta y la propia racionalidad de la sanción lo justifiquen”, expresa la carta que también firman la Asociación Pensamiento Penal y la Asociación por los Derechos Civiles.
Entre las causas por la que será acusado Sal Lari se encuentra el caso de César Miño, quien fue denunciado por abuso sexual agravado contra su hija de 12 años, algo que venía sucediendo desde seis años atrás.
A partir de comprobarse los hechos denunciados, la fiscal solicitó la exclusión del hogar que fue denegada por el magistrado, aduciendo que la petición era prematura, sin averiguar sobre lo actuado en el Juzgado de menores con fecha anterior a la decisión de no hacer lugar a la exclusión, donde estaban las constancias que avalaban dicha medida.
En este caso, se considera que el Juez vulneró los derechos consagrados en la Convención del niño, privilegiando la situación del padre.
Otro de los hechos por los que se acusó al magistrado de San Isidro es el que deriva de un asalto protagonizado por dos delincuentes que despojan a una pareja de sus bienes y abusan sexualmente de la mujer.
Ambos fueron excarcelados bajo caución juratoria, sin tomarse en cuenta que uno de ellos, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario impuesto por el Tribunal de La Matanza.
En tanto, en otro caso, con numerosas pruebas que acreditaban venta de estupefacientes, un fiscal solicita un allanamiento que fue concedido por Sal Lari para hacerse efectivo recién tres días después, lo que impidió que se lograra un buen resultado en la investigación.
Finalmente, el otro hecho por el que la Comisión Bicameral decidió asumir el rol de acusador es el que denuncia que la Cámara de Apelación de San Isidro dispone la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva el Juez Sal Lari, quien libró una orden a la comisaría para que compareciera al día siguiente en el Tribunal, pero no verificó el cumplimiento de la orden, lo que ocasionó que la detención se prolongara durante 7 meses más, y recién se solucionara cuando el mismo imputado reclamó por sus derechos.
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